SEPMUD 19 de abril 2024.- La Ley N° 348, promulgada en marzo de 2013, es el resultado de una lucha histórica y valiente desde y para las mujeres en Bolivia, la norma reivindica y garantiza el derecho a no sufrir violencias, a una vida digna y además, protege el ejercicio pleno de los derechos para Vivir Bien, tanto en la familia como en la sociedad.
Debemos recordar que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad nacional la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer «Convención De Belem Do Para», define a la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
A más de 11 de años de vigencia de la Ley Integral para Garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, podemos observar con preocupación que el Ministerio Público de la gestión 2013 al 2024 registró 1.094 feminicidios, y 432.360 casos en el marco de la Ley N° 348.
Según el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres en Bolivia existen 788 huérfanos por feminicidio, registrados desde el año 2016, hasta el 10 de abril de 2024. Por otro lado, es de preocupación los datos obtenidos por el Observatorio Defensorial Judicial, ya que, de los 559 fiscales de materia en el país, solo el 32.99% (95) sería personal de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, respecto al IDIF cuenta con un total de 87 Médicos Forenses en los nueve departamentos, en la gestión 2018 el IDIF contaba con 56 médicos forenses a nivel nacional, estos datos evidencian que debe existir un fortalecimiento a la Ley N° 348, respecto a mecanismos de prevención, atención y protección a mujeres que se encuentren en situación de violencia.
Se debe reflexionar sobre algunos discursos de autoridades, que de alguna manera reproducen la violencia machista y que aun cuentan con contenidos patriarcales, por lo cual a partir del proceso constituyente y de la Constitución Política del Estado es deber de cada boliviana y boliviano descolonizase y despatriarcalizarse.
